Noticia

23 enero 2018

Son las víctimas del femicidio, pues en la mayoría de casos, uno de los progenitores perdió la vida y el otro está tras las rejas. Ellos terminan en centros de acogida que no están listos para atender este tipo de situaciones.

Es evidente que en la Asamblea Nacional hay temas que merecen un debate profundo y hay leyes que ameritan un férreo consenso, como esta ley”, dijo el legislador Pabel Muñoz, casi al final del debate sobre el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Según el análisis hecho, existen tres puntos que no son negociables: presupuesto, el enfoque integral que tiene la normativa y el enfoque en las personas.

Respecto al presupuesto, el consenso al interior del Pleno es que si no se asegura el financiamiento sería inservible. Además, tanto Sebastián Palacios como Pabel Muñoz aseguraron que no se coloca un porcentaje específico, sino indica que se debe generar la transferencia de fondos, lo que no supone una preasignación.

La legisladora Mae Montaño, en cambio, pidió que se cree una comisión especial interdisciplinaria para llevar adelante un levantamiento de información sobre el tema de los menores que se quedan huérfanos a causa del femicidio y plantear acciones concretas.

Aseguró que es necesario buscar mecanismos y generar acciones y políticas para que las instituciones responsables de la atención a estos niños funcionen como se requiere. Lo hizo, luego de presentar un reportaje en donde se analizó lo que sucede en los centros de acogida, que no están preparados para atender este tipo de casos.

Garantizar derechos

Sebastián Palacios, durante su intervención, citó varias cifras, como que en 2017 se registraron 153 femicidios, es decir, que cada 57 horas una mujer fue violentamente asesinada y en los primeros cinco días de 2018, fueron cinco femicidios, por lo que considera emergente contar con la ley para combatir estas cifras a las que calificó de “escalofriantes”.

Con la normativa se generan alertas tempranas sin tener que acudir a la vía penal. Lo más importante es que se crea un sistema nacional conformado por varias instituciones que tienen atribuciones y responsabilidades concretas, enfocadas en la prevención.

Pabel Muñoz cree que los derechos deben estar garantizados durante todo el ciclo de vida, por lo que considera que se debe afinar el concepto de la particularidad. Esta ley, respetando el ordenamiento jurídico, plantea que el Ministerio Rector cuente con un ente técnico especializado y autonomía técnica administrativa, que presta las facilidades para implementar la ley adecuadamente. 

 

DCS ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

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